El Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura la participación de todas y todos los ciudadanos en las elecciones, por lo que este 16 de febrero de 2017 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercieron su derecho al voto. Servidores electorales acudieron a Centros de Detención en la Provincia de Pichincha, para que los detenidos puedan expresar su voluntad en las urnas.
El sufragio se desarrolló con toda normalidad en el Centro de Detención Provisional “El Inca”, donde se instaló una Junta Receptora del Voto 30 minutos antes de iniciar el proceso de votación. Los Miembros que conformaron la Junta fueron: 1 servidor electoral y 2 personas privadas de libertad, quienes armaron el material electoral y procedieron a repartir a los sufragantes las papeletas para que elijan a sus representantes.
Mientas que, en el Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Femenino de la ciudad de Quito, al tener menos de 50 electores, funcionarios de la de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha colocaron el material electoral para luego repartir en sobres cerrados las papeletas de votación de todas las dignidades, y las instrucciones del sufragio. Las votantes cerraron con cinta los sobres con las papeletas marcadas y los entregaron a la delegada de la directora del Centro, María José Alcívar, para que los deposite en las urnas.
Patricio Domínguez, Director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, manifestó que dentro del plan operativo del Consejo Nacional Electoral, las personas privadas de la libertad hicieron uso de sus derechos políticos como manda el Código de la Democracia, en un proceso ordenado, totalmente transparente.
El observador electoral, Armando García, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, comentó que esta es una experiencia muy positiva ya que el voto de personas privadas de libertad no se realiza en su país, y que hará los análisis necesarios para implementar las buenas prácticas del proceso electoral ecuatoriano, refiriéndose al mismo como ejemplo a nivel regional.
El CNE en coordinación con el Registro Civil establecieron brigadas de cedulación que trabajaron al interior de los Centros de Detención, con el propósito de que las personas privadas de libertad cuenten con el documento habilitante para el sufragio. El costo de esta iniciativa lo cubrió el Consejo Nacional Electoral.
