Las organizaciones políticas que participaron en las Elecciones Generales 2017 tienen que presentar el informe de las cuentas de campañas hasta el próximo 20 de mayo, de acuerdo al tiempo establecido en el artículo 230 del Código de la Democracia.
Quienes son los responsables del manejo económico de la campaña pueden recibir asesoría en la Delegación Provincial Electoral del Azuay, donde el personal responsable de Promoción Electoral guiará cada uno de los pasos que deben seguir para evitar contratiempos.
Se recuerda que el responsable del movimiento económico de la campaña deberá presentar las cuentas, con intervención de una contadora o contador público autorizado, quien, además liquidará los valores correspondientes a ingresos y egresos de la campaña presentando para ello un balance consolidado, el listado de contribuyentes con la determinación de los montos y los justificativos que la ley prevé.
La documentación deberá contener y precisar de forma clara: el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral por rubros, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de ingreso y de egresos con las facturas o documentos de respaldo correspondientes.
La información entregada será comparada con la información levantada por la Unidad de Fiscalización y Control del Gasto Electoral de la Delegación Provincial Electoral, posterior serán sometidos a evaluación técnica y jurídica y en los casos que se registre excedente en el gasto de campaña se sancionará hasta con el doble del monto.
La Presidenta de la Junta Provincial Electoral del Azuay, Elizabeth Kainz, hizo un llamado a las organizaciones políticas a cumplir con la normativa electoral, en los plazos establecidos, para evitar sanciones.
En casos de no presentar los informes de cuentas de campaña se sancionará con pérdida de los derechos políticos al responsable del manejo económico y con suspensión temporal del registro permanente a la organización política.
