La mañana de este 11 de octubre, el Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo Bahamonde fue recibido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Su presencia tuvo como propósito exponer las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia (COD), planteadas por el organismo rector del sufragio.
El titular del CNE inició su intervención señalando que con base en el artículo 219 de la Constitución, el organismo electoral propuso el pasado 28 de agosto, 46 reformas al Código de la Democracia. Ya se había presentado un primer insumo técnico en octubre de 2015. Estas buscan eliminar ambigüedades y vacíos en la actual normativa. Resaltó que la Comisión ha acogido 45 de estas propuestas. Recordó que si se busca que estas entren en vigencia antes de las Elecciones Seccionales 2019, deben ser aprobadas por la Legislatura un año antes de los comicios, es decir, hasta febrero de 2018.
Juan Pablo Pozo, también manifestó que las reformas presentadas se hallan clasificadas en dos ejes: unas se refieren sobre Procesos administrativos y electorales y otras sobre Participación política y criterios igualitarios. A su vez, estas se hallan divididas en Formales y Sustantivas. Entre las formales con respecto al primer eje, se incluyen: la armonización del funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto en el Exterior; diferenciación entre los procuradores comunes de las alianzas electorales y los responsables del manejo económico; la hora de inicio de la sesión de escrutinio de las Juntas Electorales; regulación de los procesos electorales internos; y, jornadas especiales de votación para funcionarios que trabajen el día de las elecciones.
Entre las reformas sustantivas en lo que se refiere a Procesos administrativos y electorales, se destacan: verificación de la calidad del elector a través de la cédula o pasaporte vigentes; armonización del sistema nacional de escrutinio y eliminación de las Juntas Intermedias de Escrutinio; fecha para que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas (segundo domingo luego de conocida la resolución de nulidad); observación internacional conducida por representantes de los organismos electorales de los diversos países y / o académicos expertos en materia política electoral; uso de las huellas digitales en el proceso de inscripción de organizaciones políticas; procedimiento para la liquidación de patrimonio de las organizaciones políticas canceladas.
En el eje de propuestas sobre Participación política y criterios igualitarios, las reformas formales buscan: armonización de las reclamaciones electorales; determinación del plazo para presentar la petición de corrección y modificación del plazo para el pronunciamiento de este reclamo; unificación de la sanción de las infracciones electorales con la suspensión de derechos políticos hasta un año y multa hasta 10 Salarios Básicos Unificados; inclusión de la participación de las organizaciones políticas en todas las fases del proceso electorales través de sus delegados debidamente acreditados.
En cuanto a las reformas sustantivas contempladas en el segundo eje se pretende: facilitación del ejercicio del sufragio a los grupos de atención prioritaria; organización de debates entre los candidatos de elección popular; incorporación de la presentación de la hoja de vida de los candidatos principales de elección popular como requisito para la inscripción de candidaturas; potenciar las regulaciones de la publicidad estatal y rendición de cuentas durante la campaña electoral; incorporación de las obligaciones de los responsables de manejo económico y la responsabilidad solidaria de las organizaciones políticas y los candidatos en la administración de los recursos de la campaña electoral; eliminación de la posibilidad de que las organizaciones políticas puedan inscribirse utilizando el nombre del país o una jurisdicción; plazo para el registro de alianzas electorales; obligatoriedad de las organizaciones políticas que reciban asignaciones del Estado por concepto de Fondo Partidario Permanente de destinar el 20% para la formación policía de sus afiliados, adherentes y grupos de atención prioritaria; obligatoriedad de que las organizaciones políticas remitan inmediatamente el registro de afiliados adherentes permanentes al CNE.
Finalizada la exposición, los asambleístas expusieron sus inquietudes. La legisladora Rosa Orellana señaló que es oportuno resaltar el trabajo del CNE bajo el liderazgo del Presidente Juan Pablo Pozo.
El asambleísta Franklin Samaniego resaltó la importancia de los Consejos Consultivos que desarrolla el CNE con las organizaciones políticas. Al respecto, el Presidente del organismo electoral subrayó que estos espacios le han permitido al organismo acercarse al territorio y conocer las demandas de las organizaciones políticas. «Creemos que la realización de Consejos Consultivos es saludable», resaltó. Además, destacó que las organizaciones políticas tienen oficinas en el Centro de Mando y Control Electoral, en Quito, las cuales no son utilizadas.
Asimismo, la asambleísta Encarnación Duchi señaló que está de acuerdo con las propuestas planteadas por el CNE.
Por otro lado, el legislador Henry Cucalón resaltó que el Código de la Democracia fue un avance en materia electoral en el 2009. Dijo que considera que las propuestas realizadas por el CNE están en la línea de las discusiones sobre el tema que se han llevado a cabo en la Comisión.
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