Con el objetivo de cuidar los fondos públicos del país, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo Electoral y el presupuesto para las Elecciones Generales de 2021 con reducciones respecto al monto proyectado. El monto determinado por las autoridades, que asciende a USD 114 317 185,76, permitirá organizar los comicios, en todas sus etapas, de manera eficiente; además, garantiza la implementación de las medidas de bioseguridad requeridas para el desarrollo de la jornada electoral en medio de la propagación de la COVID-19.
Este monto incluye la innovación tecnológica para adquirir nuevos equipos y software, así como todas las actividades, procesos y procedimientos para la realización de las elecciones, como la convocatoria, impresión de papeletas, logística, auditorías, entre otros. También establece los gastos para implementar las medidas de bioseguridad dispuestas para la organización del proceso electoral y que fueron coordinadas con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).
Estos recursos permitirán al Consejo Nacional Electoral fortalecer no solo el proceso de 2021, sino los futuros comicios, e implicará, en el mediano plazo, un ahorro para el país. En ese sentido, los principales puntos sobre los que se ha enfocado el órgano electoral para fijar los rubros requeridos son:
COMPONENTE DEL RESUPUESTO |
ACTIVIDAD |
MONTO ASIGNADO |
Gestión electoral |
Integración de paquete electoral |
USD. 6 313 550,57 |
Impresión papeletas electorales |
USD. 5 716 704,00 |
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Impresión documentos electorales |
USD. 5 098 402,40 |
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Enlace de datos |
USD. 5 040 001,00 |
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Servicio de Video Vigilancia |
USD. 800 000,00 |
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Innovación tecnológica |
Reforzamiento infraestructura tecnológica |
USD. 2 792 161,00 |
Centros de datos alterno |
USD. 1 904 001,00 |
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Soporte a la plataforma de seguridad perimetral |
USD. 950 000,00 |
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Seguridad perimetral para Datacenter alterno |
USD. 728 000,00 |
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Bioseguridad |
Equipos e insumos de bioseguridad para MJRV y personal electoral |
USD. 2.164.127.80 |
Este presupuesto fue revisado por las diferentes consejerías que integran el CNE el pasado 28 de enero y a partir de esa fecha se ha ido reduciendo de manera progresiva en concordancia con las políticas de austeridad implementadas en todas las instituciones públicas ante la crisis económica.