“Cuidaremos la salud de los ecuatorianos, pero también la salud de la democracia”: Presidenta del CNE

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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, este 08 de mayo, durante el Foro Virtual, promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA): «Elecciones en Tiempos de Pandemia», dijo que la prioridad del órgano electoral para los comicios generales de 2021 es garantizar la salud y la vida de los electores, pero sin sacrificar la transparencia y calidad de las elecciones. “Cuidaremos la salud de los ecuatorianos, pero también la salud de la democracia”, aseguró.

En este mismo espacio que, además tuvo como ponentes a los presidentes de los organismos electorales de Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, Diana Atamaint señaló que la pandemia del COVID-19 ha incidido directamente en la planificación de esas elecciones. “Nos obliga a repensar y reescribir la forma de organizarlas”, dijo.

Reiteró la propuesta de que en los comicios de 2021 se segmente en 2 o 3 días la votación del electorado. Recordó que Ecuador ya viene implementando con éxito una modalidad de voto anticipado como es el voto en casa y el voto para las personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

Explicó que el CNE está analizando alternativas para evitar aglomeraciones durante los comicios, tomando en cuenta que para el próximo 07 de febrero, la ciudadanía ya estará familiarizada con el distanciamiento social. “No se descarta ninguna posibilidad, pero tenemos que llegar con la certeza de que no podemos implementar un experimento que pueda empañar la transparencia del proceso”, dijo y reiteró que la Constitución y el Código de la Democracia definen reglas claras para los procesos electorales que si se incumplen, podrían incluso ser causal de nulidad de las elecciones.

Para definir la mejor alternativa de votación que utilizará el Ecuador en 2021, Diana Atamaint, manifestó que el CNE espera contar con el acompañamiento del Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), de un grupo de expertos sanitarios, organizaciones políticas, sociedad civil, organismos internacionales y una adecuada coordinación con los prefectos provinciales y los alcaldes cantonales, que son quienes tienen el conocimiento de la situación real de sus respectivos territorios.