La escuela de líderes y lideresas que promueve el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) a escala nacional, arranca en Pichincha este sábado 21 de mayo a las 08h30 en las instalaciones del Conadis en Quito, Av. 10 de Agosto N37-193 entre Villalengua y Carondelet.
El proyecto que inició la semana anterior en 11 provincias del país, pretende garantizar la participación política de este grupo de atención prioritaria. Los temas que se abordarán a través de esta iniciativa son: Derechos Humanos; Formas de Gobierno, Democracia y Ciudadanía; Participación política de las personas con discapacidad; Liderazgo y trabajo en equipo; Parlamentarismo, Proceso Electoral, Control Social y Rendición de Cuentas.
Patricio Domínguez, director de la Delegación Provincial de Pichincha, indicó que el programa es un espacio de capacitación en valores democráticos. Dijo que la escuela de formación está dentro del convenio de cooperación suscrito entre el CNE y el Conadis. La autoridad provincial destacó la gestión ejecutada por el organismo electoral en materia de inclusión.
“Proyectos como el voto en casa, mesa preferencial y la papeleta braille, son entre otras, las acciones que convierten al CNE, en un referente de inclusión en Suramérica”, aseguró Domínguez, tras informar que 75 dirigentes de las personas con discapacidad participarán de este programa en Pichincha.
Son 50 funcionarios del CNE y del Instituto de la Democracia (IDD) de las 24 provincias que fueron formados en temáticas de sensibilización. Las lideresas a través de las escuelas de formación en el territorio nacional instruirán a personas con discapacidad a fin de informar y sensibilizar en los contenidos relacionados a sus derechos.
La Escuela de Líderes y Lideresas para personas con Discapacidad se llevará a cabo durante cinco jornadas de trabajo, los días sábado en horario de 08:30 a 12:30. De esta manera, la actual administración presidida por el doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, mantiene y cumple con una política pública inclusiva para insertar a los grupos de atención prioritaria y ejercer su derecho en los procesos democráticos.
