Este viernes 24 de abril de 2020 el Instituto de la Democracia (IDD), entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), capacitó de forma virtual a los presidentes de los 61 gobiernos parroquiales de la provincia de Azuay sobre procesos de revocatoria de mandato.
A partir del 19 de mayo del 2020 se cumple el primer año de administración de los presidentes al frente de los gobiernos parroquiales del país, período que abre las puertas a los ciudadanos para solicitar revocatorias de mandato a sus autoridades.
Viviana Leguizamón, directora zonal del IDD, explicó que con base en este derecho ciudadano el IDD dialogó con los representantes de los gobiernos parroquiales sobre este mecanismo que es parte de la democracia del país. “Es importante que las autoridades tengan presente que la revocatoria del mandato asiste a la ciudadanía a exigir a sus autoridades el cumplimiento sobre todo de sus planes de trabajo”, mencionó Leguizamón.
El artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana indica que los electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular.
Jannet Garzón, presidenta del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales en Azuay, agradeció al Consejo Nacional Electoral a través de la delegación de Azuay por facilitar, mediante plataformas digitales, el debate alrededor de la revocatoria de mandato. “Es pertinente que las autoridades conozcamos cómo se podrían dar los procesos y cuáles son las causas para la revocatoria del mandato, además qué temas la ciudadanía apelaría para proceder con este derecho ciudadano”, puntualizó Garzón.
Dentro de los talleres de capacitación sobre democracia, derechos y descentralización, el Instituto de la Democracia en Azuay tiene previsto nuevos debates virtuales con las demás autoridades de elección popular para analizar procesos de revocatorias de mandato.
