Marlin Charcopa, Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través de una rueda de prensa informó sobre el inicio de la campaña electoral para las Elecciones Generales del 19 de febrero de 2017 y la Consulta Popular Paraísos Fiscales.
La campaña electoral oficial de acuerdo a la Ley y el Calendario Electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 45 días. Inicia, hoy 3 de enero y culmina el 16 de febrero de 2017.
“EL CNE garantiza de forma equitativa e igualitaria la propaganda o publicidad, y artículos promocionales electorales que propicien el debate y la difusión de las propuestas de todas las candidaturas. En nuestra provincia son 14 organizaciones políticas calificadas”, destacó Marlin Charcopa.
En el Código de la Democracia, en su artículo 209 estableceque: ningún sujeto político que intervenga en un proceso electoral, podrá exceder en otros gastos diferentes a los de la publicidad, de los límites de gasto.
Para los asambleístas provinciales, resulta de multiplicar el valor de 0,15 centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten en el registro respectivo de cada jurisdicción. El número total de electores en nuestra jurisdicción es de 361 mil 575 ciudadanos.
En nuestra provincia se eligen 4 asambleístas. El límite del gasto electoral para cada Organización Política es de 54 mil 243, con 45 centavos. En cambio, el monto de la promoción electoral es de 16 mil 273 con 4 centavos, que representa el 30 por ciento del gasto electoral.
Fabián Sotomayor, Director de la Delegación Provincial Electoral (DPE), indicó que “la propagada se emitirá a través de prensa escrita, medios radiales, televisivos y vallas publicitarias, previamente registrados y aprobados. En el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas, 20 medios están autorizados”, agregó.
Además, sostuvo que los proveedores no podrán establecer tarifas diferentes, descuentos, comisiones a los sujetos políticos en relación a las tarifas aprobadas por el CNE, ni podrán negarse a pautar o restringirse espacios de contratación a los sujetos políticos, salvo casos fortuitos de fuerza mayor debidamente justificados.
Finalmente, a los sujetos políticos se les prohíben difundir publicidad que induzcan a la violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política y todas aquellas manifestaciones que atenten con los derechos. También está prohibido utilizar niños, niñas y adolescentes en programas o proselitismo político.
