El Pleno de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint este martes 12 de noviembre. Lo hizo en el marco del segundo debate para las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia.
La titular del órgano electoral explicó en su intervención la necesidad de modificar ese instrumento legal para garantizar una efectiva participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales. También remarcó la importancia de generar mecanismos que erradiquen la violencia política contra la mujer durante las campañas.
Según explicó, dentro de la propuesta se busca que el 50% de las listas pluripersonales estén encabezadas por mujeres, y que estas se conformen atendiendo los principios de paridad y alternabilidad, es decir, que se generen de manera secuencial hombre-mujer o mujer-hombre.
Para resaltar la necesidad de este cambio, la presidenta Atamaint explicó que durante los comicios seccionales del 24 de marzo pasado el número de candidatos hombres a las dignidades locales fue bastante mayor al de candidatas mujeres. Por ejemplo, de 1875 candidaturas a alcaldías, apenas 286 estaban conformadas por mujeres. De ese número, fueron electos 203 hombres y tan solo 18 mujeres. Casos similares ocurrieron con los cargos de prefectura, concejalías urbanas y rurales y vocalías de las juntas parroquiales rurales.
Por otro lado, aseveró que la violencia política es un tema que debilita ampliamente las candidaturas femeninas. Explicó que si bien uno de los espacios donde más se visibilizan actos de ese tipo es el de las redes sociales, también se generan actos de discriminación dentro de los propios partidos, en las localidades y en los espacios de poder. Asimismo, dijo que las mujeres se ven afectadas en su imagen por la ridiculización que se hace de ellas durante las campañas, el ocultamiento de información al que son sometidas, así como el acoso y las amenazas que reciben.
En ese sentido, durante la presentación de la autoridad electoral se mostró una propuesta para que actos de esa naturaleza sean sancionados con multas que oscilan entre 21 y 70 salarios básicos unificados, la suspensión de derechos políticos desde seis hasta cuatro años o la destitución del cargo para quien cometieran actos de violencia política por razones de género.
